Ava y Cardano no cederían
Cointelegraph contactó con algunos de los miembros más prominentes dentro la comunidad cripto para que comentaran sobre este tema.
El profesor de la Universidad de Cornell y cofundador de Ava, Emin Gün Sirer, respondiendo sobre si, Ava,implementaría una puerta trasera para dar acceso del gobierno, dijo "¡Absolutamente no!" Agregó que de aprobarse el proyecto de ley y la policía llama a la puerta, preferiría trasladar su proyecto al extranjero antes que sucumbir a la presión. Sirer cree que tales iniciativas legislativas obstaculizan la seguridad nacional en lugar de fomentarla:
"Innumerables expertos han dejado muy claro, una y otra vez, que estas ideas están equivocadas: Estas puertas traseras representan vulnerabilidades potenciales y odian a las empresas estadounidenses y la competitividad estadounidense. Al mismo tiempo, fuerzan el uso de tecnologías, como las VPN, que provocan que las comunicaciones que representan una amenaza seguridad nacional se trasladen al extranjero."
Además, señaló que la tecnología para preservar la privacidad es la esencia de Blockchain:
“Las tecnologías emergentes, como las cadenas de bloques, brindan fuertes garantías de privacidad, integradas en su propia estructura. A la vanguardia de estos sistemas, Ava rechazará todos los esfuerzos para incorporar puertas traseras propensas al abuso en su software ".
El fundador de Cardano (ADA), Charles Hoskinson, expresó un sentimiento parecido:
“No. Dejaré de trabajar en estos sistemas si legalmente me obligan a hacerlo.”
Roger Ver expresó escepticismo de que las leyes políticas tienen el poder de resolver lo que esencialmente es un problema matemático:
“Ninguna cantidad de violencia puede resolver un problema matemático. Y creo que es una excelente forma de verlo, cierto, así que los políticos pueden aprobar todos los proyectos de ley que quieran, pero eso no cambiara la forma en la que funcionan las matemáticas. Por lo tanto, ninguna cantidad de leyes políticas o violencia pueden resolver un problema matemático.”
Mientras tanto, el Fiscal general, William P. Barr, emitió una declaración que respalda firmemente la ley, señalando que el cifrado a prueba de orden judicial permite que "los delincuentes operen con impunidad", y que, dada la cuarentena por el COVID-19, no podría ser más oportuno:
"El peligro es particularmente grande para los niños que son objeto de explotación sexual en línea, especialmente durante este tiempo de cuarentena por el coronavirus. Los sobrevivientes de abuso sexual infantil y sus familias han suplicado a las compañías de tecnología que hagan más para evitar que los depredadores exploten sus plataformas para dañar a los niños, no podemos permitir que estas compañías eleven sus ganancias y los derechos de privacidad de estos abusadores sobre la seguridad de los niños."