En relación a la minería, el artículo 37 de dicho Decreto estipula que “Cuando se ordene la medida de comiso sobre los equipos de minería, la Superintendencia custodiará los respectivos bienes, los cuales en caso de quedar firme la medida, podrán ser dispuestos con fines sociales”. No queda claro cuáles puedan ser estos fines sociales.
A pesar de las regulaciones, se han presentado múltiples casos de incautación ilegal de equipos o extorsión por parte de autoridades policiales, contra quienes se dedican a esta actividad. Incluso, en el pasado autoridades del sector criptomonedas llegaron a reconocer la existencia de abuso policial contra mineros.
CriptoNoticias ha logrado recoger varios testimonios de mineros que aseguran que minar criptomonedas en Venezuela se ha convertido en una actividad riesgosa. Algunos han denunciado que funcionarios policiales les han exigido pagos en efectivo «para no incautar los equipos».
De hecho, el experimentado minero de criptomonedas venezolano, Joan Telo, dijo a CriptoNoticias que los cálculos de la rentabilidad de la minería en Venezuela incluyen costos por pérdida de equipos “decomisados” y pago de extorsiones. Además, señaló que en el país la actividad, a pesar de ser legal, se ejerce clandestinamente y que se deben considerar gastos inherentes a migrar la operación completa a otra ubicación, una vez que es detectada por las autoridades.